Vídeo del desalojo de la familia Santiago Moreno

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El desalojo de la familia Santiago Moreno, que tuvo lugar este jueves, es ya el sexto intento de desalojarlos de la casa en la que vivían en la calle Prevere Tomàs Monserrat. Con él terminan cuatro años de lucha de la familia, que con la ayuda de activistas de Detener denominacionesimpugnó el desalojo exigido por Abanca (antes Nova Caixa Galicia) y solicitado por el juzgado número 13 de Palma.

Más de cincuenta efectivos de vigilancia Fueron a la casa a echar a los miembros de la familia. Desde la plataforma afirman que “es el caso más grave de todo el estado”. Aseguran que las autoridades “en ningún momento” se han interesado por conocer la realidad de la familia, que cuenta con seis personas con discapacidad reconocida del 65 y 95 por ciento, además de un menor con discapacidad del 36 por ciento.

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Desde la plataforma afirman que «las administraciones dirán que la familia ha cedido un piso que les ofrecieron. Pero lo cierto es que les ofrecieron dos pisos en Inca y tuvieron que pagar 400 euros al mes por cada uno. Además, estos pisos estaban separados y la familia debe permanecer unida, no se pueden separar por tener este número de personas con discapacidad”, subraya uno de los miembros de la plataforma Llucmajor. Cabe señalar que en el momento del aplazamiento, que duró toda la mañana, uno de los representantes de la plataforma resultó herido leve, por lo que la familia pudo salir del inmueble sin problemas.

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Inmediatamente se trasladaron al ayuntamiento. Allí, una vez instalados en la entrada, y tras pedir la presencia del alcalde, Éric Jareño, señalaron a los agentes de la Guardia Civil, que los sacaron, aquí con más fuerza policial, del andén. Durante toda la tarde, los diez miembros de la familia Santiago Moreno estuvieron resguardándose de la lluvia bajo la caja registradora de la plaza de Espanya de la ciudad. Allí pasarán la noche y permanecerán hasta que consigan una solución.

Coherencia y plataforma

Desde el Consistorio de Llucmajorer, el trabajador social Gabriel Rojo, por su parte, ha afirmado que «es un paro judicial y que en ningún momento podemos interferir en el proceso judicial». Rojo asegura que “estas personas han sido en todo momento atendidas por las autoridades sociales de la ciudad y que la ayuda que reciben ha sido tramitada. Tienen un ingreso superior al salario de mi enfermera. Rojo agrega que “tanto el IMAS como nosotros o el IBAVI tenemos trabajó para ofrecerles tres apartamentos, que ellos rechazaron. Han rechazado todas las soluciones que hemos puesto encima de la mesa». «Hay que decirlo muy claro, es un paro judicial, no un aplazamiento», dice Rojo.

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Responsabilizan a Van Stop Desnoaments del aplazamiento del «Ayuntamiento de Llucmajor por la terminación de Servicios sociales quienes se han negado a atenderlos personalmente entre otras cosas denunciando la vulnerabilidad” y exigiendo “alternativa urgente para la familia, apertura del polideportivo esta noche -ayer- y albergue a partir de mañana -hoy-”.

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