La vulnerable familia Rafal es juzgada para evitar la deportación

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Nueve familias vulnerables de un mismo edificio en el distrito del Rafal corren riesgo de desalojo por parte del fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate, que adquirió el inmueble a Bank Sabadell en 2020. Viven allí desde 2017, si tienes pactada una renta social de 150 euros con la entidad financiera con la mediación de la oficina antidesalojo del Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el actual propietario les envió una orden de desalojo tras negarse a pagar 850€ de alquiler al darse cuenta de que el contrato que les unía había terminado.

El caso llegó a los juzgados de su Gerreria a través de una de las nueve familias pidiendo el amparo de la justicia para evitar el desalojo. “Discutiremos si dar seguimiento o no a la orden de desalojo. Siempre pagaban la renta y cuando no podían pedían ayuda para hacer el pago porque saben que es su deber”.Así lo señaló Gloria Olmos, la abogada de esta familia, un matrimonio con dos menores. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se manifestaron frente a las puertas del juzgado para apoyarlos.

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“Son personas vulnerables, eso lo hemos comprobado, por eso pagan renta social. Pero la caja registradora no reacciona, al reconocer la peligrosa situación, se contentan con enviar una carta en la que exigen una renta de 850 euros por apartamento. No es un alquiler social y no se corresponde con la documentación que acredite una situación de vulnerabilidaddijo Olmos.

Los inquilinos tenían renta social en 2017. Guillermo Bosch


El contrato, firmado en diciembre de 2017, tenía una duración de tres años, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga. Esto sucedió como resultado de la pandemia y lalas medidas ordenadas por el gobierno que impidió el desalojo de familias vulnerables.

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En los últimos meses, Promontoria Coliseum ha ofrecido a los inquilinos hasta 15.000 euros por unidad para desalojar la propiedad sin juicio.

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